La defensa de Carlos Fraticelli presentará hoy en la Cámara de Diputados un pedido para que seis de sus miembros se aparten del proceso de juicio político al procurador general de la Corte santafesina, Agustín Bassó, por tener un "interés" creado en el caso. El ex juez de Rufino sostiene que esos legisladores aprobaron el pliego para la designación del procurador y, por lo tanto, carecerían de objetividad para revisar si hubo irregularidades en su nombramiento. El pedido de juicio político a Bassó había sido presentado luego de que el procurador diera instrucciones para que se objetara el fallo que absolvió a Fraticelli por el homicidio de su hija Natalia, ocurrido en Rufino en mayo de 2000. La presentación realizada por el ex juez y su abogado, Carlos Edwards, enumera siete razones por las cuales el procurador debería ser removido. Entre los más salientes, lo acusan de haber sido nombrado ilegalmente, de omitir deberes, ser arbitrario en la persecución de delitos y no fijar pautas claras sobre qué casos deben priorizarse. Bassó fue propuesto por la gestión de Jorge Obeid, cuando la reforma del sistema procesal penal ya había sido aprobada en la Legislatura.Hoy Fraticelli impugnará a seis diputados que participaron de la Asamblea Legislativa que en septiembre de 2007 aprobó la designación de Bassó como procurador. En un proceso de juicio político, los diputados actúan como "acusadores" mientras que los integrantes del Senado juzgan. Lo que dice el ex juez de Rufino es que esos diputados no pueden actuar como acusadores porque su objetividad está comprometida. Plantea que, en caso de advertirse alguna irregularidad en la designación de Bassó, los mismos legisladores quedarían implicados. Una de las causales por la que pidió la destitución del funcionario es que al ser nombrado en el puesto tenía 67, años cuando la inamovilidad de su cargo la Constitución provincial la garantiza hasta los 65. Para Fraticelli, haber aceptado la función sin cumplir con los requisitos coloca a Bassó ante la presunta comisión de un delito, y sostiene que quienes lo designaron podrían ser alcanzados por la misma figura penal.
